En la veda a los productos avícolas, el gobierno haitiano ha utilizado un desatinado procedimiento, a pesar de la formalidad con que acostumbra a manejarse. Pero también ha esgrimido argumentos que solo vienen a revivir la percepción negativa sobre nuestras débiles relaciones diplomáticas y comerciales.
Mientras el supuesto desencuentro ocupa la atención en Haití y la República Dominicana, una vez más la clase privilegiada haitiana se prepara para dar otro golpe a su empobrecido pueblo.
La falta en el procedimiento y la terquedad en mantener la veda es una provocación que aviva viejas rencillas en ambos países, y nos aleja del camino de construcción de relaciones armoniosas y de una agenda de desarrollo insular.
En la decisión haitiana no hay racionalidad dado que el gobierno dominicano aportó las pruebas que desmontan las excusas esgrimidas por las autoridades haitianas. Muestra más que evidente de que la medida no ha sido tomada para cuidar la salud del pueblo haitiano, sino pensada para defender intereses de la élite económica cercana al presidente Michel Martelly y su esposa, como se rumorea.
Con la decisión, en vez de velar por el bienestar de la población, el gobierno haitiano está apostando a elevar los indicadores de pobreza.
La población, como consumidor final, se verá obligada a adquirir los productos vedados a más alto precio debido a los costes del transporte de las exportaciones desde otros países y al contrabando que la prohibición puede generar. En consecuencia, la economía familiar haitiana se deprimirá aún más.
En lo inmediato, Haití no cuenta con las condiciones institucionales y económicas para mantener dicha medida sin afectar gravemente a la mayoría de la población.
Es tiempo ya de que en la isla nos quitemos la venda y reaccionemos como pueblos preocupados por el porvenir. No permitamos que nos sigan utilizando para distraer la atención de políticas o medidas de Estado que en lugar de beneficiar a la población procuran beneficiar intereses particulares y engrosar patrimonios personales.
Es nuestra responsabilidad aportar a la construcción de una renovada relación insular. El pueblo dominicano no debe prestarse a este juego orquestado desde el lado haitiano. Tampoco el pueblo haitiano. Los inmigrantes haitianos tienen el deber de informar a sus conciudadanos sobre la verdadera condición de la producción avícola; y deben hacerles saber que la medida representa un mayor sacrificio para ellos.
Pero sobre todo, no debemos permitir que nos aprieten aún más la venda que nos ha hecho protagonistas de malestares insulares, incitados por oscuros intereses a ambos lados de la isla, que tanto daño han causado a las relaciones binacionales.
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