La Fiscalía de la provincia Santo Domingo cerró de forma provisional el bar “Ruta 47”, donde el pasado viernes once mujeres que alegadamente eran explotadas sexualmente fueron rescatadas, incluyendo una menor de edad.
En atención a una petición de la fiscal Olga Diná Llaverías, el juez de Atención Permanente, Julio César De los Santos, impuso un año de prisión preventiva a los imputados Quilvio Ismael Alvarez Núñez, a quien se le atribuye la propiedad del establecimiento; Valentina Caba Ramos (Chiqui) y Juan Alberto Féliz Torres (Tito) a quien se le acusa de tener en su poder 2.57 gramos de cocaína.
El bar esta ubicado en la calle 2da. del ensanche Isabelita, Santo Domingo Este.
La fiscal aseguró que trabajará hasta eliminar la explotación sexual, así como el proxenetismo y la trata de personas en todas sus manifestaciones, en la provincia de Santo Domingo, entendiendo que detrás de estas organizaciones criminales se ampara el uso irregular de armas de fuego, así como el microtráfico de drogas, uno de los flagelos que mayor delincuencia genera en las comunidades.
“Este es el resultado de un trabajo en equipo, tanto de la Procuraduría Especializada Contra el Tráfico Ilícito de Migrantes y Trata de Personas, que encabeza Jonathan Baró, como de los agentes de la Dirección Nacional de Control de Drogas y el Departamento de Trata de la Policía Nacional de la jurisdicción de Santo Domingo, quienes junto a todo el personal del Ministerio Público, tenemos el compromiso y la determinación de erradicar tanto el proxenetismo, la explotación sexual de adultos y menores de edad, tarea en la cual también contamos con el apoyo del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE), así como fortalecer y hacer más eficaz la persecución al microtráfico de sustancias controladas”, manifestó Diná Llaverías.
La representante del Ministerio Público informó que las once mujeres rescatadas eran contratadas como bailarinas las cuales eran ofertadas a los habitués para sostener relaciones sexuales, recibiendo las mismas un porcentaje de la tarifa pagada, en franca violación a la Ley 137-03, que tipifica el Tráfico Ilícito de Migrantes y la Trata de Personas.
Las autoridades amplían las investigaciones para determinar mayores complicidades, así.
(El Nacional)
No hay comentarios:
Publicar un comentario